Carlos Rívolo, a cargo de la investigación, pidió que, por seguridad, se le restrinjan las comunicaciones al acusado, que tendía un teléfono celular oficial desde el que habría atendido a C5N.

  Fernando Sabag Montiel lleva cinco meses sin recibir a su abogado -no quiere verlo-, no tiene visitas y ya no acepta que lo entrevisten los psicólogos que evalúan su salud mental. Desde la cárcel, donde está preso por el intento de homicidio de Cristina Kirchner, con pedidos inviables y dio una entrevista telefónica a C5N en la que dijo que había actuado solo y que no se arrepentía.

  Como consecuencia de esto, el fiscal federal Carlos Rívolo, que tiene a su cargo la causa del atentado, pidió que a Sabag Montiel se le restrinjan las comunicaciones. “Dada la gravedad institucional de los hechos objeto de la presente pesquisa, y con el exclusivo fin de preservar su seguridad, habré de sugerir al Tribunal que se disponga restringir las comunicaciones que reciba el detenido en el establecimiento carcelario, a su defensa y/o allegados autorizados específicamente por él”, le solicitó Rívolo a María Eugenia Capuchetti en un documento al que accedió LA NACION. Capuchetti acaba de ser confirmada como la jueza de esta causa, pero mantiene delegada la investigación en el fiscal.

  Para Rívolo, limitar las comunicaciones del acusado sería lo más coherente con las medidas que la jueza “viene sucesivamente ordenando” respecto de Sabag Montiel, a quien siempre mantuvo bajo un estricto control para garantizar su seguridad.

  El martes pasado, Capuchetti también tomó medidas después de que C5N presentara la entrevista: le pidió al Servicio Penitenciario Federal un informe detallado de la situación del detenido. La respuesta –de cuatro párrafos- relata que Sabag Montiel llegó a la cárcel de Ezeiza el 28 de septiembre pasado y que desde entonces está “alojado en el sector de Área de Observación Continua (AOC), en la celda N° 01 dependiente del Servicio Psiquiátrico para Varones”.

  Cuenta que desde su arribo “se designó al personal del Grupo Especial de Rápida Intervención (GERI) con el fin de supervisar todo tipo de movimiento que se efectúe para con el interno” y “salvaguardar” su “integridad psicofísica”. También, que el sector en el que está Sabag “cuenta con cámaras de videovigilancia con monitoreo permanente”. En la celda número 1 tiene una cama con colchón ignifugo, una “taquilla amurada” para sus “elementos personales” y “bacha e inodoro antivandálico”.

  Según el informe, en el sector de Sabag Montiel hay un salón de usos múltiples que tiene “un teléfono fijo para realizar y recibir llamadas”. No obstante, en las dos cartas que él escribió desde la cárcel y que están incorporados a la causa judicial, Sabag Montiel aportó un número de teléfono. A ese número lo llamaron de C5N, dan por hecho en los tribunales, aunque nada de esa comunicación está registrado en el expediente. El celular que escribió el acusado en sus dos cartas es un número oficial, dijeron a LA NACION en Comodoro Py. El informe del SPF afirma además que todo agente penitenciario que trata con Sabag Montiel debe “rubricar un acta de confidencialidad”. Relata asimismo que se le dio “intervención” a las “áreas de psiquiatría y terapia ocupacional”, para que lo asistan, y a la de “Educación” para determinar cuál es su instrucción y “también bridar herramientas recreativas”.

  Este informe –en total, una carilla y media- no dejó conforme a la jueza, que el viernes insistió con un nuevo pedido.

  En cuanto al planteo de Rívolo, antes de decidir si restringe las comunicaciones de Sabag Montiel, Capuchetti solicitó opinión a las partes. Todo indica que su defensor oficial, Juan Martín Hermida, va a oponerse.

No recibe al defensor

  La última vez que Sabag Montiel recibió a su defensor oficial fue en octubre pasado, el mes posterior al atentado. Desde entonces, no solo se negó a reunirse con él; también rechazó ser entrevistado por la psicóloga enviada por el defensor. Hizo saber que no recibiría a nadie que tuviera relación con la defensoría.

  Dada la trascendencia del caso, Hermida le mandó un oficio a su jefa, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, pidiéndole instrucciones. Ella le contestó que debía seguir adelante porque el sistema de defensa pública no habilita al imputado a elegir a su defensor salvo que haya un “grave conflicto entre ambos que objetivamente valorado afecte el derecho de quien se encuentra sometido a un proceso judicial de contar con una asistencia técnica eficaz” que lo represente. “Circunstancia –dijo la defensora general- que no se advierte en el presente”.

  Sabag pretende, según se surge de sus cartas, que lo defienda Diego Luciani, el fiscal que acusó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad y que consiguió que la condenaran a seis años de prisión. Fue a él a quien le dirigió la carta del 3 de marzo pasado. La última, del martes pasado, tiene como destinataria a la “Cámara oral en lo criminal federal número 2 a cargo de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu” -los jueces que condenaron a la vicepresidenta-, y a ellos les pide que “recusen a la jueza Capuchetti y tomen la causa”. Todos pedidos procesalmente imposibles.