Brambilla solicita información sobre cantidad de adjudicados, incompatibilidades ente dicha ayuda social y los beneficiarios como así también, las medidas a adoptarse frente a este escenario.

“Estas discrecionalidades son propias de gobiernos populistas”, aseguró la legisladora.

En esta línea, conforme surge de la investigación del fiscal, se acreditó que 8 mil personas que cobran el plan, tienen relación laboral con alguna de las dependencias del Estado y que al menos que 160 mil beneficiarios tenían el plan de manera ilegítima.

“Estas irregularidades generan un perjuicio enorme al patrimonio público”, aclara la diputada y agrega “Los argentinos decidieron cambiar, pero para cambiar hay que confiar y para confiar hay que hacer las cosas bien”

El pedido de informe, apunta a promover un marco regulatorio general para el otorgamiento de programas y beneficios sociales que sean financiados con la contribución de todos los argentinos.

El documento presentado por la diputada, tuvo un gran apoyo por parte de sus pares; los/as diputados/as: Sabrina Ajmechet; Martin Ardohaín; Hector Raúl Stefani; José Nuñez; Marilú Quiroz; Sergio Eduardo Capozzi; Germana María Figueroa Casas; Anibal Tortoriello, quienes acompañaron el escrito en calidad de cofirmantes.

Por último, es preciso recordar algunas incompatibilidades reseñadas en el punto 7.2 del Anexo, para el ingreso y permanencia en el Programa: “…resulta incompatible para aquellas personas que posean empleo formal; sean prófugos de la justicia; quienes perciban subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sean empleados provinciales, municipales o de ONG’s y sean personas con empleo formal registrado…”