Un nuevo traspié sufrió el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera un informe sobre el proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia relacionadas con casos del estallido social, puesto que revela fallas en el trámite realizado por el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior en 2022.

El informe señala que 58 de la totalidad de 419 personas beneficiadas tienen condenas, incluso por delitos violentos.

De esta forma, la Contraloría detalla que “en efecto, se tuvo a la vista (para el otorgamiento) antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.

En relación con estos casos, la CGR solicitó a la Subsecretaría del Interior que “incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales de los postulantes a una pensión de gracia, en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe”.

Además, se identificó que 19 expedientes de beneficiados no presentaban antecedentes médicos o contaban con respaldos poco legibles, contradictorios o con fecha anterior a octubre de 2019.

La Contraloría indica que estos expedientes “fueron presentados por el DAS a la Comisión Especial Asesora, sin que se hayan efectuado otras gestiones para su validación“.