Las transferencias no automáticas o discrecionales ascendieron en los primeros 28 días de enero a un total de $49.431 millones, lo que representa un incremento interanual del 31,3% que, por ser inferior a la inflación acumulada estimada en los doce meses transcurridos, se traduce en una caída del 64,2% en términos reales.

La evolución ya había sido anticipada por el presidente Javier MIlei y diferentes funcionarios del gobierno nacional, que advirtieron en varias oportunidades que se iba a recurrir a recortes en las partidas que el Estado Nacional gira habitualmente a las provincias por fuera del régimen de Coparticipación Federal y otros fondos de asignación automática.

De todos modos, la magnitud de ese recorte era la incógnita a resolver y, una vez conocidos los recursos disponibles, los gobiernos provinciales se enfrentan al dilema de cómo administrar sus gastos y recursos.

"Las provincias tienen que decidir primero cuánto bajar gastos y cuánto intentar subir otros ingresos", sostuvo al respecto en declaraciones a Télam Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Al respecto, precisó que "el monto global de las transferencias no automáticas es de 1 punto del PBI (Producto Bruto Interno) frente a un ajuste agregado (entre recorte de gastos y aumento de la recaudación) que el gobierno nacional estima en 5 puntos".

Por lo pronto, los recortes al gasto en las provincias aún no se vieron en toda su dimensión, según lo expresado a Télam por Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, para quien "los gobernadores están reaccionando de manera política y todavía no lo hicieron en forma económica".

"Los anuncios de ajuste al gasto público fueron realizados en su gran mayoría por gestiones nuevas, en línea con el discurso del gobierno nacional y las medidas se basaron en reducción del gasto político: cargos, viáticos, en algún caso salarios, parque automotor; pero no son medidas que tengan impacto económico muy fuerte en la estructura del gasto", sostuvo Pegoraro.