Chile, Presos inocentes y sobrepoblación carcelaria

Cerca del 40% de la ocupación carcelaria corresponde a personas que están cumpliendo prisión preventiva

Esta cifra ha encendido el debate sobre el correcto uso de la medida cautelar, a tal efecto desde ese ámbito han explicaron las razones que han incidido en el aumento, las consecuencias que tienen los recintos penitenciarios y la pesadilla que viven quienes cumplen esta medida cautelar por error.

Aumento de delitos graves, errores periciales y un sistema que tiene como preferencia decretar esta medida cautelar como condena anticipada o por la falta de control pueden resumir y explicar el aumento explosivo que ha tenido la prisión preventiva.

Este fenómeno trae consigo diversas consecuencias que se están viendo reflejadas en la actualidad. En Chile hay más de 54.000 personas privadas de libertad de las cuales cerca de 20.000 corresponde a personas que están en prisión preventiva, sostuvo Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, a EL DÍNAMO.

Las cifras han encendido las alarmas en el Gobierno debido a la sobrepoblación que viven las diversas cárceles del país. Es por esta razón que el ministro de Justicia, Luis Cordero, hace unos días ofició a Gendarmería para que informe de dichas cifras carcelarias a jueces y fiscales, y de este modo, los persecutores tengan en consideración este punto al momento de solicitar una medida cautelar o una condena.

“El Estado de Chile no puede negar el aumento explosivo de la prisión preventiva“, sostuvo el titular de Justicia el lunes pasado. Ante esta situación, surge la incógnita: ¿Se está haciendo un buen uso o se está abusando de esta medida cautelar?

Los dichos de Cordero y el oficio que envió a Gendarmería se pueden interpretar como una especie de llamado de atención a los fiscales y jueces, ante el incremento de la mencionada medida y la sobrepoblación carcelaria.

Al respecto, Bravo partió diciendo: “No pretendemos polemizar con el ministro de Justicia, él ha hecho un punto, ha hecho ver una situación que es cierta, que es la sobrepoblación carcelaria”.

Sin embargo, existen casos en que dichas consideraciones y criterios que establece la ley resultan en errores inducidos por trabajos investigativos poco prolijos, lo cual se puede reflejar en las cifras de personas que son decretadas con prisión preventiva y que finalmente son declaradas como inocentes.

La desesperante experiencia de una condena por error
Uno de estos casos corresponde a Julio Lorca Velásquez, profesor de música, quien vio como su vida se convirtió en una pesadilla.

El 8 de febrero de 2013, mientras se encontraba vacacionando en El Tabo junto a su pareja y su hija, que en ese entonces tenía nueve meses, recibió una visita de un grupo de Carabineros de civil, quienes lo detuvieron para trasladarlo a Santiago por un presunto delito de abuso a una niña en el Colegio Altamira de Peñalolén, establecimiento en donde él trabajaba .

Julio no entendía nada, según relató a EL DÍNAMO. Hasta ese momento, no había sido notificado ni llamado a declarar a Fiscalía. “Simplemente me llevaron a Santiago, donde permanecí detenido una noche en la Trigésima Quinta Comisaría en Avenida Italia”, comentó. Recién al otro día supo que iba a ser formalizado.

Cuando fue notificado de que tendría que irse a prisión preventiva, “la vida dio un vuelco brutal”.

“No había ninguna prueba más que una declaración hecha por la madre y la menor el 31 de enero (2013) donde me nombra. Sin embargo, sus declaraciones son difusas y se pueden interpretar de un modo antojadizo. En las declaraciones anteriores nunca me nombró. Habían indicios de un relato inducido por sus padres desde el primer momento”, dijo.

“La incertidumbre respecto de un proceso que no depende de mí, sino de terceros que están absolutamente desafectados de mi persona y que resuelven basados en pruebas que pueden o no ser fabricadas o tener sesgos de investigación es abrumante”, relató.

Luego de permanecer 17 meses encerrado en la cárcel, “la niña, tal como lo suponíamos, declaró que fue su padre quien la indujo a decir mi nombre en su declaración”, por lo cual se trató de una declaración falsa y solo presentaba una infección.

“El jefe del Servicio Médico Legal (SML) en ese momento, quien realizó la pericia forense en la niña el día 5 de diciembre de 2012, declaró que lo que encontró fue una infección producida por un hongo por falta de aseo”, explicó.

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