Los meses que Matías Piattoni esté preso, que como máximo serán 18 por haber matado a un padre y su hijo, lo hará en una cárcel de mínima seguridad,de régimen semiabierto y sin muros. Es que, como consecuencia de la implementación del Código Procesal Penal adversarial se ha incrementado tanto el número de condenas, que la más reciente cárcel construida en la provincia ya no tiene lugar para recibirlo. Es por ello que el Servicio Penitenciario Provincial se prepara para ubicar al empresario en la Granja Yatay, Unidad Penal 4, un establecimiento ubicado por Ruta Nacional 12 (relativamente cerca de donde mató a Ángel y Mateo González) para que allí pase sus días de convicto en un espacio donde puede tener su propia casa y comodidades que el Complejo Penal 1 -ubicado en la Ruta Provincial 99 que une Laguna Brava y San Cayetano- no le brindaría, y menos ahora que su capacidad está al límite, tal como lo han advertido organismos estatales a cargo del control de las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad. 

Antes de ser trasladado a la cárcel, Piattoni pidió la palabra ante los jueces y se dirigió a la viuda y madre de las víctimas, a quien le pidió disculpas por haberlos matado. Dijo que desde aquel 13 de febrero de 2021 su vida cambió para siempre y que hasta el final de su vida cargará con la culpa de destruir una familia.

 Es que en menos de dos años, dicho complejo -que venía a resolver el tema de la superpoblación de la vieja cárcel, enfrente de la explanada del Puente, que tuvo que acelerar el traslado de los internos tras el asesinato de uno de ellos en medio de una represión policial-penitenciaria en plena pandemia, homicidio que le costó el puesto al saliente jefe del servicio, imputado por la Justicia- se encuentra en la misma situación de aislamiento.

De acuerdo con fuentes consultadas, ha sido la puesta en funcionamiento pleno del Código Procesal Penal de la provincia en el ámbito de la Capital lo que redundó en un aumento exponencial de las condenas menores de 5 años, pero de cumplimiento efectivo para hombres, por delitos contra la propiedad privada (robos y hurtos) en procesos rápidos donde la causa -ahora llamada legajo- no llega a la instancia del juicio oral (con el anterior Código tardaba unos 6 años en producirse y por eso más de la mitad de las causas llegaban prescriptas y los acusados eran sobreseídos), ya que los acusados aceptan la responsabilidad penal en un juicio abreviado y son condenados y enviados directamente al Complejo penal para cumplir la sentencia sin que existan instancias recursivas. 

 Si bien esto ha demostrado las bondades del nuevo Código en cuanto a la celeridad prometida, a la vez expone las limitaciones estructurales del Servicio Penitenciario para contener un caudal mayor y constante de presos condenados, lo que llevó a que la cárcel más moderna de la región esté a punto de colapsar. 

 Es en esa situación que el empresario Piattoni, quien voluntariamente decidió empezar a cumplir sus 3 años de prisión (que con dos tercios de la misma ya estará afuera nuevamente), deberá ser alojado en una cárcel, que de acuerdo a los datos recabados, terminará por ser la Granja Yatay y no el Complejo Penitenciario, por dos razones: por un lado la falta de vacantes para alojarlo y considerando la integridad física de él, ya que es protagonista de un caso de alta repercusión mediática en el que su imagen ha quedado en el polo negativo de la opinión pública, por lo que es un riesgo ponerlo junto al resto de la población penal.

Por el otro lado, dado que el condenado no cuenta con antecedentes penales, tiene en principio una buena conducta, instrucción y recursos como para solventar ciertos gastos que tienen que ver con el alojamiento en la Granja, para las autoridades penitenciarias la cárcel de mínima seguridad será el sitio idóneo para tenerlo privado de su libertad, sin que haya riesgo de situaciones de conflicto con otros presos que podrían tomar represalias debido a las repercusiones que ha tenido su caso en general. Y en particular, la leve pena impuesta por el Tribunal Oral Penal 2 de Corrientes en el marco de un acuerdo entre partes en un juicio abreviado donde la viuda y madre de las víctimas aceptó el monto de la pena por el delito de doble homicidio culposo en accidente de tránsito. 

Por lo demás, la Granja ha sido residencia de otros criminales con recursos económicos como Adrián Sosa García, primer condenado por femicidio (caso Eli Verón).