La Justicia probó que el intendente Caram y sus funcionarios falsificaron una planilla de 55 supuestos beneficiarios de planes sociales, que desde mayo a septiembre de 2019 figuraban como titulares de una ayuda económica, pero al ser consultadas las personas que figuraban en la grilla de la Municipales, confirmaron que nunca recibieron un solo peso y no habían sido notificados de la ayuda. 

 En el punto número 23 la Sentencia 12/24 el tribunal dispuso la inmediata remisión de esta sentencia al Concejo Deliberante de la municipalidad a fin de que proceda a la inmediata suspensión de Diego Caram como intendente municipal bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial.Sin embargo el Honorable Concejo Deliberante de Mercedes espera la notificación formal para apartar a Caram de sus funciones,mientras tanto todo sigue como si nada ha ocurrido.

Así también decretó la inhibición de bienes de Caram, Brun y Deimundo para garantizar embargo preventivo y solidario de 40 millones de pesos con 50% de intereses. Esta medida fue tomada tras el pedido del fiscal de Juicio, doctor Juan Alegre, a fin de resarcir al erario público.

Continuando con la lectura, el Tribunal condenó a Gabriela Gómez, quien ocupaba funciones como encargada de Bienes Patrimoniales, a cumplir la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos con accesorias legales y pago de costas.

Mariangeles Solange García Fariña, quien se desempeñara como Jefa de Personal del municipio, fue condenada a cumplir la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos con accesorias legales y pago de costas.

Y Cecilia Casco, quien se desempeñara como auxiliar administrativa de la Secretaria Privada de la Municipalidad, fue condenada a cumplir la pena de dos años de prisión en suspenso con accesorias legales y pago de costas.

Con respecto a estas tres últimas condenadas, Gómez, García Fariña y Casco, el tribunal impuso que las mismas acrediten la realización de un curso por un año lectivo sobre ética pública. Además impuso que por el plazo de tres años se abstengan de cometer delito y fijen su domicilio en la localidad de Mercedes.

Sobre el pedido para la detención inmediata y prisión preventiva realizados por el fiscal, el Tribunal sostuvo que no hay causales para comprobar que los condenados estén en peligro de fuga ya que han comparecido ante el tribunal y gozan de fueros. En este sentido agregó que se impartieron las medidas para que los condenados cumplan con ciertas medidas, de no salir del país y comparecer ante la justicia cada mes.

El informe de Lisandro Arriola para Cadena de Radios.