Alejandro Muyshondt enciende la grabadora del teléfono celular antes de entrar a la oficina de Ernesto Castro, el secretario privado del presidente Nayib Bukele, en el edificio neoclásico que aloja a la casa presidencial de El Salvador en la zona suroeste de la capital. Lo graba todo, como suele hacerlo cada vez que se reúne con funcionarios poderosos del gobierno salvadoreño, sus colegas. Es agosto de 2020.

En la reunión Alejandro Muyshondt y Ernesto Castro hablan de amenazas a la ciberseguridad de la presidencia, pero también de los pecados internos del joven gobierno de Bukele, inaugurado en 2019, como la corrupción en el sistema carcelario y el malestar de la embajada de los Estados Unidos con Guillermo Gallegos, un diputado aliado del presidente al que agentes antidrogas estadounidenses siguen la pista por narcotráfico desde al menos 2014. También hablan de poner en marcha una oficina para espiar a periodistas y miembros de la oposición política, la cual sería financiada por Casa Presidencial.

“Al hacer esto (espiar a periodistas y opositores) podemos tener muchos elementos para tener contento al hombre (Nayib Bukele), son cosas que el hombre necesita”, le dice Castro a Muyshondt en la reunión al hablar del proyecto de espionaje político, como se escucha en la grabación de ese encuentro, de la que Infobae tiene copia.

Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez, salvadoreño nacido el 12 de febrero de 1977, descendiente de un abuelo belga, especialista en informática, es nombrado asesor nacional de seguridad al inicio del nuevo gobierno. Lo une a Bukele una amistad nacida tras la fundación de Nuevas Ideas, el partido del nuevo presidente, y se ha fortalecido luego de que Muyshondt le colabora al político con asesoría informática para sacarlo de líos, como el provocado por el “hackeo” que uno de sus equipos cibernéticos hizo en 2016 a La Prensa Gráfica, un periódico crítico, y que termina en una demanda judicial, o como cuando en septiembre de 2019 ayuda a tumbar el portal de Revista Factum, un medio independiente que ha hecho pública la relación entre Bukele y 1.9 millones de dólares que le había entregado Alba Petróleos de El Salvador, una empresa señalada por lavar dinero del petróleo venezolano.

Alejandro Muyshondt sabe mucho. Y lo sabe pronto. Su rol como especialista en ciberseguridad le da un acceso privilegiado a la información interna del gobierno. Han pasado poco más de siete meses desde la toma de posesión del nuevo mandatario, en junio de 2019, cuando ya Muyshondt sabe que algunos funcionarios, sobre todo en el gabinete de seguridad, han montado redes de corrupción desde sus oficinas, que el diputado suplente al que Bukele acababa de nombrar jefe de prisiones desvía fondos de las tiendas carcelarias y crea plazas fantasmas y que otro diputado oficialista es investigado en Estados Unidos por sus sospechados vínculos con las rutas del narcotráfico en el corredor norte del país.

También sabe Muyshondt muy pronto que conocer aquello y denunciarlo le puede costar la vida. Porque Muyshondt denuncia primero al interior del gobierno y del partido Nuevas Ideas, y luego a investigadores estatales, salvadoreños y extranjeros.

Y así ocurre. Alejandro Muyshondt murió en febrero de 2024 en un hospital estatal en las afueras de San Salvador bajo custodia del Estado luego de que, en agosto de 2023, la fiscalía general que el presidente Bukele controla lo arrestara bajo cargos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, entre otros. Tras su arresto, Muyshondt es llevado a una celda en la que recibe visitas de oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) perfilados por la oficina de inteligencia policial como sospechosos de practicar torturas y malos tratos.

Después de esas visitas, el asesor es trasladado al Hospital Nacional Siquiátrico primero y al Hospital Nacional Saldaña después. Cuando llega al segundo hospital, a finales de septiembre de 2023, entra con un golpe en el cráneo y una infección en la membrana cerebral, es incapaz de controlar sus esfínteres, de bañarse o alimentarse por sí mismo o de hablar de forma normal. Murió el 7 de febrero de 2024 tras al menos ocho cirugías reportadas en el expediente médico, del que Infobae tiene copia. Ninguna de esas intervenciones es comunicada a la familia, como mandan tratados internacionales contra la tortura que el Estado de El Salvador reconoce. La familia, de hecho, nunca lo ve desde que es arrestado.

Los allegados al ex asesor de seguridad pública están convencidos de que la muerte es consecuencia de los malos tratos que sufre mientras está detenido: “Me atrevo a decir que Alejandro Muyshondt fue torturado”, dice una persona cercana que habló con Infobae desde el anonimato por seguridad.