El gremio universitario anticipó que habrá movilizaciones contra el veto
Con una situación presupuestaria crítica, el complejo científico-universitario espera sumar acompañamiento en defensa de la educación.
La comunidad universitaria se prepara para intentar un masivo acompañamiento en las calles como método de presión para que la Cámara de Diputados rechace el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que propiciará Javier Milei, según anunció por redes sociales.
A diferencia de los jubilados, el colectivo de las universidades pública tiene una notable capacidad de movilización, como demostró el 23 de abril, cuando cientos de miles de personas coparon las calles de las principales ciudades del país.
Si se concreta el veto, la situación será análoga a la de los jubilados: mientras que en el Senado la Ley de Financiamiento Universitario superó los dos tercios de los votos, en Diputados llegó al 65 por ciento de apoyo (143 votos afirmativos y 77 negativos).
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal que tiene la aplicación de la ley sancionada por el Senado en la madrugada de este viernes es de 0,14% del PBI. "De ninguna manera se pone en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado", dijo la dirigente estudiantil y referente nacional de Franja Morada, la pata universitaria de la Unión Cívica Radical, cuyo bloque en Diputados implosionó esta semana cuando cinco integrantes cambiaron su voto respecto de junio y avalaron el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
El Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de las universidades públicas del país, celebró la sanción de la ley en el Senado, por lo que, tal como ocurrió en abril, se espera una amplia coordinación del sistema universitario.
PBI, 0.14%
La aplicación de la norma sanciona implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La ley sancionada recompone los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, que sufrieron una fuerte quita del poder adquisitivo.
De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios, al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el Indec, en agosto de 2024, la caída del poder de compra fue de 9,2% respecto de diciembre de 2023.
A modo de ejemplo: un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad, en diciembre de 2023 percibía 132.000 pesos y en agosto de 2024 cobró un salario bruto de 232.500 pesos.
Si la comparación se realiza con los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5 por ciento registrada en diciembre tras la devaluación dispuesta por el Gobierno nacional), la caída hasta agosto fue del 23,71 por ciento.
Los promotores de la ley quieren apurar el tranco y no darle tiempo al Gobierno para dividir el frente universitario. Su problema es que el Presidente tiene diez días para vetarla.
"En cuanto Milei firme el veto habrá diputados de la oposición que pedirán una sesión especial en la Cámara de Diputados para insistir en la ley. Pocos días antes se convocará a una movilización nacional", indicaron en las usinas del radicalismo que responden a Emiliano Yacobitti -vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- y al senador y jefe de la UCR, Martín Lousteau.
"El veto total a la ley es un destrato absoluto a la comunidad universitaria, a los alumnos, a los docentes, no docentes y un golpe grande al futuro y a la calidad educativa", enfatizó la diputada Danya Tavella, autora de la iniciativa.
Los bloques pedirán una sesión especial en la Cámara de Diputados para insistir con la norma.