El proceso comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, casi ocho años después del hundimiento. "Después de casi 100 meses sentí un poco de alivio", expresó Polo. El 15 de marzo se cumplirán 100 meses del hecho.

En esta instancia están imputados Enrique López Maceo, quien se desempeñaba como comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada; Claudio Villamide; Miguel Correa, jefe del Departamento de Operaciones; y Héctor Alonso, integrante del Comando de las Fuerzas de Submarinos. Según detalló Polo, enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte de 44 personas.

"No está incluido el jefe de Estado Mayor de ese momento, Marcelo Hipólito Errur. Tampoco están imputados Mauricio Macri, Óscar Aguad ni Marcos Peña en este primer juicio", señaló. En ese sentido, opinó: "Queda evidenciado que la justicia es selectiva. Cuando tenés poder y dinero podés hacer lo que quieras y no ser juzgado".

El debate oral comenzó con la lectura de alrededor de 100 páginas que detallan las imputaciones y aspectos técnicos del caso. Las declaraciones testimoniales están previstas del 23 al 26 de marzo. Son 120 los testigos citados y aún debe definirse cuántos declararán por jornada. "Propusieron entre seis y ocho por audiencia, me parece una exageración", afirmó.

Entre los convocados se encuentran Gabriel Viana y Humberto Vilte, los dos tripulantes que participaron en la navegación de ida y no regresaron en la zarpada del 8 de noviembre de 2017. También declararán ex comandantes del submarino y peritos especializados.

Uno de los puntos centrales del juicio será determinar si el ARA San Juan estaba en condiciones técnicas de cumplir la misión encomendada. Polo recordó que existía un informe previo que advertía falencias y recomendaba una revisión más profunda antes de volver a zarpar. "Lo que se debe probar es que el submarino no estaba en condiciones de realizar la misión", insistió.

Los familiares están representados por distintos abogados, entre ellos Luis Taglia Pietra, Valeria Carreras y Lorena Arias, además del Ministerio Público Fiscal. Algunas familias optaron por no contar con patrocinio particular.

Polo describió el inicio del juicio como una experiencia atravesada por emociones encontradas. "Es volver a revivir todo. Nosotros no sabíamos nada de submarinos. En estos años tuvimos que aprender cómo funciona cada sistema, cuántas baterías tiene, qué implica que esté operativo sin poner en riesgo la vida de nadie", relató.

Las audiencias son públicas y pueden seguirse por transmisión en YouTube. Los familiares que no pueden viajar a Río Gallegos acompañan el proceso de manera virtual. "Esperamos que no sea un juicio apurado para conformarnos, sino un proceso real, con jueces imparciales, que llegue a un veredicto que nos dé un poco más de paz", concluyó.