La Justicia inhibió los bienes de la empresa para evitar que sus activos sean vendidos o transferidos y garantizar el proceso de pago a los acreedores. En Corrientes, abogados ya representan a trabajadores despedidos y advierten que el trámite será extenso.

El cierre de las sucursales de Musimundo en Corrientes dejó a unas 135 personas sin empleo, entre trabajadores de Capital y distintas localidades del interior. La situación se agravó luego de que el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia decretara la quiebra de CARSA S.A., firma vinculada a la cadena.

El abogado Gonzalo Saravia, representante de un grupo de trabajadores, explicó que los exempleados deberán presentarse en el expediente de quiebra como acreedores. El plazo para hacerlo vence el 6 de noviembre.

Los trabajadores cuentan con privilegio frente a otros acreedores y podrán reclamar sus créditos laborales sobre los activos que posea la empresa, entre ellos inmuebles, vehículos, mercadería y recursos financieros.

La Justicia estableció un cronograma que prevé el informe individual de la sindicatura para el 30 de marzo de 2027 y el informe general para el 25 de junio de 2027.

Saravia advirtió que los bienes deberán ser liquidados para convertirlos en dinero y distribuirlo entre los acreedores. "Los exempleados deben tener la seguridad de que no van a pagarles con electrodomésticos", señaló.

El proceso podría extenderse durante varios meses y existe la posibilidad de que el patrimonio de la empresa no alcance para cubrir la totalidad de las indemnizaciones reclamadas. En ese caso, será la Justicia la que determine cómo se distribuyen los fondos disponibles.