Representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos visitan este domingo a la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez en el penal de Miraflores, en La Paz, donde está detenida, un día después de que su abogado denunciara un intento de suicidio y el Gobierno informara que intentó "autolesionarse" con heridas leves, tras lo cual permitió que un familiar la acompañe hasta que se recupere.

"El día de ayer se ha llegado a un acuerdo y la administración penitenciaria, en el marco de las competencias que tiene, ha aceptado en este acuerdo que un familiar se quede a pernoctar acompañando la recuperación de la señora Jeanine Áñez", anunció el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en una conferencia de prensa, citada por el diario local Los Tiempos.

"Anoche el hijo ha estado pernoctando en este espacio, acompañando a su mamá. Nosotros hemos habilitado nuevamente un espacio con todas las condiciones mínimas para que la familia acompañe esta recuperación", agregó.

El director sostuvo que la expresidenta cuenta "desde el inicio" con atención médica y otras facilidades para el cuidado de su salud, y que, bajo recomendación de la junta médica, permitirán el acceso de un un psicólogo clínico y un nutricionista, que serán traídos por la familia de Áñez.

Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, había informado que la expresidenta de facto, que asumió el poder tras el golpe de Estado contra el ahora exmandatario Evo Morales, intentó generarse una "autolesión" en uno de sus brazos en la cárcel pero su estado de salud es "estable" y solamente "tiene unos pequeños rasguños".

"Se han hecho las consultas correspondientes a la señora Jeanine Áñez. Ella manifiesta desconocer cuáles fueron los móviles por los cuales habría intentado generarse algún tipo de lesión, sin embargo, son lesiones superficiales que no han generado ningún tipo de herida considerable”, añadió Del Castillo.

Inmediatamente después, los principales líderes del arco opositor y la embajada de Estados Unidos en La Paz reaccionaron con preocupación, pidieron garantías al Gobierno de Luis Arce y, algunos dirigentes, como el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, responsabilizó al Ejecutivo masista de lo sucedido.

Este domingo, el director general de Régimen Penitenciario, Limpias, criticó estas denuncias y aseguró que todo lo que hizo su institución fue "en respeto de los derechos" de la detenida.

La exmandataria de facto está bajo prisión preventiva en el penal de Miraflores desde su detención, el 13 de marzo de este año, acusada en un principio de "sedición y terrorismo".

Esta semana la Fiscalía General de Bolivia había presentado una acusación formal contra Áñez "por hechos calificados provisoriamente como genocidio, lesiones graves y lesión seguida de muerte", por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.

Además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó las "masacres" de civiles en Bolivia, al presentar su informe final sobre lo ocurrido en Senkata y Sacaba, donde 37 manifestantes murieron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Estos hechos ocurrieron luego de la renuncia del expresidente Morales ante una "sugerencia" de jefe de las Fuerzas Armadas, tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y en medio de denuncias de irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior, que había dado ganador al mandatario, en el poder desde 2006.

Áñez, entonces vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia dos días después en una polémica sesión sin quórum debido al boicot del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).