Raúl Fontana fue sentenciado, pero no por tráfico de marihuana, sino por “confabulación y violación de los deberes de funcionario público”. El otro imputado fue absuelto. 

El exjefe de Operaciones de Frontera de la delegación Corrientes de la Prefectura Naval, Raúl Gastón Fontana, fue condenado ayer a cuatro años de prisión,  por “confabulación y violación de los deberes de funcionario público”.

Un prefecto que llegó a juicio, acusado de facilitar el ingreso de al menos tres cargamentos de marihuana desde Paraguay. Para los jueces del Tribunal Oral Federal, no quedó probado que el prefecto Raúl Gastón Fontana (42) haya incurrido en el delito de narcotráfico, tal como requirió el fiscal al momento de acusarlo.

Las maniobras cometidas por Fontana en el primer semestre de 2021 salieron a la luz a raíz de escuchas telefónicas que se realizaron a partir de una investigación de Gendarmería en la zona de Yahapé, un pequeño pueblo a 100 kilómetros al noreste de la capital provincial.

Así se pudo establecer que el prefecto mantenía un fluido contacto con un lugareño, Aníbal Vicente Torres (39), quien era coaccionado para que cruzara la droga desde Paraguay y avisara cuando ya estaba en poder del comprador.

Es que el prefecto aprovechaba su cargo para interceptar esos cargamentos y así engrosar su legajo dentro de la fuerza.

Fontana, primero, estuvo al frente de la Prefectura de Itá Ibaté y luego pasó a desempeñarse como jefe de Operaciones de Frontera de la fuerza.

Según los testigos, el vínculo con el otro imputado comenzó cuando una patrulla de la fuerza sorprendió al guía de pesca en infracción.

Fontana se encargó de que el hombre recuperara rápidamente su embarcación y luego solicitó la devolución del favor.

Torres fue obligado a convertirse en informante -situación que nunca fue notificada a los jefes de la Prefectura ni a la Justicia Federal- y luego obligado a ingresar la droga desde Paraguay, según la investigación judicial. De las escuchas, surgió que en los primeros días de enero de 2021, Fontana mantuvo un fluido contacto con Torres por la entrega de un cargamento de 72 kilos de marihuana.

El lugareño le advierte que el comprador llegó con solo 500 dólares, la mitad del valor del cargamento, pero Fontana le pide que avance con la operación.

Más tarde, cuando la droga ya había sido decomisada por la Prefectura, Torres le avisa al prefecto que en el lugar había quedado un “ladrillo”.

 La respuesta de Fontana fue: “Comé vos, boludo”.

Casi dos semanas después, Torres y Fontana vuelven a hablar para asegurar el cruce de un cargamento mayor: 2067 kilos.

El jefe de la Prefectura se encargó de evitar un patrullaje de la lancha artillada de la fuerza para facilitar el pase de la droga. Incluso, fue el prefecto quien llevó a Torres al encuentro del comprador, en Itá Ibaté. Ese cargamento también fue decomisado.

Pero las maniobras de Fontana no terminaron ahí. De las escuchas surgió que también estaba al tanto del envío de 91 kilos de marihuana a la Isla del Cerrito, en Chaco, con una lancha que pertenecía a un tercero. Ese cargamento fue decomisado por la Policía de Chaco el 10 de mayo de 2021.

El propietario de la lancha le exigió a Fontana la devolución del vehículo. Cansado de esperar, amenazó incluso con realizar una denuncia. “Voy a perder mi trabajo, mi libertad y mi familia”, le dijo entonces el prefecto.

Ayer, los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y el subrogante Manuel Moreira condenaron a Fontana, pero por delitos menores y absolvieron a Torres por la falta de acusación fiscal.

El próximo 10 de abril darán a conocer los fundamentos de su decisión.