El Supremo Tribunal Federal de Brasil empezó este lunes la etapa de declaraciones de los testigos de cargo y de la defensa en las acciones penales abiertas contra los acusados haber estado vinculados con los ataques a los poderes del Estado en el país vecino el último enero pocos días después de la vuelta de Lula da Silva como presidente brasileño.

En la primera fase de testimonios hay 232 acusados bajo los delitos de asociación delictiva, tentativa de abolición del Estado Democrático de Derecho, tentativa de golpe de Estado y destrucción de bienes catalogados.

También se escuchará a los policías que accionaron para contener los ataques a la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio del Planalto.

Cuatro jueces auxiliares del despacho del ministro Alexandre de Moraes, quien se encuentra a cargo de la causa, encabezan las audiencias, que se cree que culminarán en los últimos días del próximo julio, según consignó la Agencia Brasil.

El Supremo Tribunal Federal brasileño abrió procesos penales contra 1.245 imputados, mientras que la Procuraduría General de la República presentó 1.390 denuncias. Cerca de 250 imputados se mantienen presos acusados de haber sido autores e instigadores de los sucesos y a 70 de ellos se les extendió la medida luego de 90 días de prisión.