Durante este viernes se dio a conocer que la Fiscalía Nacional abrirá una investigación por las graves falencias que detectó la Contraloría en la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, en el marco del estallido social.

De acuerdo a lo establecido por el organismo tras realizar un análisis, se investigará posibles responsabilidades legales con respecto a esta situación.

Esto, luego que el informe de Contraloría dejó en evidencia que 58 personas beneficiadas con esta medida “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.

Además, el reporte reveló que un total de 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio que remitió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “no presentaban antecedentes médicos“.