Los movimientos estudiantiles habían advertido sobre las consecuencias de la Ley Hambre Cero desde el mismo momento en que el Ejecutivo había presentado el proyecto a finales de enero.

Si bien la propuesta original se modificó, fue solo para apaciguar el enojo de los intendentes municipales, que en principio habían sido excluidos de la normativa que eliminó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y creó el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), pero posteriormente lograron quedarse con el 20% de los recursos.

A pesar de los cuestionamientos de médicos, especialmente de pediatras y nutricionistas, acerca de las limitaciones del proyecto, el Ejecutivo insistió en acelerar los trámites en el Congreso Nacional. En paralelo, los estudiantes realizaron en febrero las primeras movilizaciones en reclamo de la continuidad de la Ley de Arancel Cero que habían conseguido en el 2020, en plena pandemia, luego de años de lucha.

Sus reclamos no fueron escuchados y en la primera semana de abril una mayoría cartista sancionó –sin debate– el proyecto que inmediatamente fue promulgado como ley. Aunque en uno de sus artículos habla de un blindaje, al depender ahora de recursos del Tesoro (Fuente 10), los estudiantes entienden que no está el dinero, ya que depende de la recaudación tributaria de cada año.

Como alternativa en medio de esta crisis se presentaron otros proyectos. La oposición, conformada por Esperanza Martínez, Raúl Benítez y Johanna Ortega, plantea atender todos los programas que habían tenido el financiamiento de Fonacide, en tanto que los senadores Ever Villalba y Rubén Velázquez buscan financiar el Arancel Cero con el 1% de las recaudaciones del impuesto al valor agregado.

Por su parte, el colorado Hugo Meza apunta a una cuenta “especial” para blindar USD 20 millones. Es prácticamente igual que la ley promulgada y, al igual que el caso anterior, solo contempla los aranceles universitarios y no los demás programas que incluyen recursos para salud destinados pacientes oncológicos, así como medicamentos, insumos y equipos para hospitales, fondos para la investigación y las becas Carlos Antonio López, entre otros.

La indignación tras la promulgación de la ley llevó a los estudiantes a parar las actividades académicas y tomar sus facultades. El 5 de abril tomaron, además, el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Es una de las protestas más simbólicas de la vida universitaria luego del movimiento “UNA no te calles”, del 2015, cuando los estudiantes denunciaron hechos de corrupción y lograron la apertura de investigaciones y la posterior condena del entonces rector Froilán Peralta.

El Gobierno de Santiago Peña, a través del ministro de Educación, Luis Ramírez; el viceministro de Educación Superior, Federico Mora, y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, minimizó las movilizaciones y hasta lanzó burlas que no hicieron más que enojar a la masa estudiantil que fue creciendo en los últimos días.

Se fueron sumando estudiantes de las universidades nacionales del Este, de Villarrica, Canindeyú, Caaguazú, Itapúa, entre otras instituciones que dependían del Fonacide para garantizar el Arancel Cero.

Los universitarios en toma pedían al inicio la derogación de la ley, pero ante la negativa del Gobierno, empezaron a sondear la posibilidad de otra normativa que garantice no solo el Arancel Cero, sino todos los demás programas afectados por la Ley Hambre Cero, porque con los debates de las asambleas diarias entendieron que no podían apartarse de las necesidades de otros sectores de la sociedad y que la lucha debía convertirse en una causa nacional.

Los estudiantes siguen discutiendo en sus bases una posición unificada, en tanto que el Gobierno confirmó una reunión para este viernes a las 14:00 con el viceministro Federico Mora y el asesor de la Presidencia, Juan José Galeano.