En el caso se pide el análisis del comportamiento de la jueza de paz de la ciudad de Caá Catí, Olga Alicia Fernández Fabro, a quien se la acusa de haber cometido los delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También es investigada en una causa penal en su contra, que se está tramitando en la Fiscalía N°6 de la ciudad de Corrientes.

El motivo de la denuncia se basa en una acción iniciada por una allegada de la jueza, en Caá Catí, por un caso de violencia familiar. El caso inició en marzo pasado, cuando, tras separarse de su pareja, una mujer, funcionaria municipal y conocida de la jueza, sostuvo que había sido agredida por el hombre, también funcionario. Esa denuncia fue desestimada por la justicia penal y recayó como una causa de conflicto familiar en el juzgado de paz de Caá Catí.

Allí fue donde tomó intervención la jueza, quien habría dictado una exclusión del hogar, pero según las fuentes consultadas en el caso, lo habría hecho sin tener ningún tipo de prueba ni indicio sobre la veracidad de los acontecimientos denunciados.

Además, la jueza habría actuado sin cumplir con los requisitos que expresamente se le impone a los jueces -por medio de la ley 5.019- en casos de violencia familiar, tales como realizar peritajes psicológicos, físicos y sondeos vecinales.

Por estas irregularidades se la acusa de incumplir con los deberes de funcionario público y cometer prevaricato, que es el delito que comete un juez al dictar resoluciones contrarias a la ley.

Mensajes secretos

En el contexto de la causa por el conflicto intrafamiliar -según la denuncia en trámite en el Consejo de la Magistratura- se habría generado también una serie de intercambios de mensajes vía Whatsapp y encuentros personales entre la mujer denunciante y la jueza.

El fin sería el de encaminar las resoluciones de la magistrada, quien habría emitido opiniones sobre las partes y sobre el tema aún antes de formar el expediente, y habría recibido un pedido expreso para sacar al hombre de la casa basándose únicamente en el relato de la denunciante.

En el expediente del Consejo de la Magistratura existen transcripciones de diálogos que circularon por las redes sociales en los que supuestamente la jueza informa qué ocurrió en una audiencia realizada con la ex pareja de la denunciante en las que, además, le habría sugerido acciones a realizar para dar lugar a posibles resoluciones.

Estos mensajes revelarían “la existencia de diálogos extrajudiciales entre juez y parte actora relativos al objeto de la causa sometida a su jurisdicción, incluyendo el supuesto intercambio de información sobre el accionar de la otra parte, como así también la presunta petición extraoficial de medidas por la parte actora y la potencial emisión de juicios valorativos y opiniones personales de la magistrada respecto a las partes, su relación y sus características personales, incluyendo opiniones que podrían vulnerar la garantía de imparcialidad y de no prejuzgamiento”, indica la denuncia.

Pero, también se le reprocha a la magistrada el no haberse inhibido de la causa, debido a que una de las partes tenía una relación de gran afinidad con ella. Esta situación dio origen a una denuncia penal en su contra, en la que, además, se pide el peritaje de los teléfonos celulares de ésta y de la funcionaria municipal.

La denuncia ante el organismo que juzga el comportamiento de los magistrados fue radicada el pasado 11 de agosto y en los próximos días se debe resolver si dan lugar a la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, institución que lleva adelante el juicio político a los jueces.

PrensaOnline